La presente Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre establece el régimen legal a la que sujetará la administración y manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país.Se subraya la importancia de la biodiversidad, el agua y el suelo, y se busca la participación coordinada del sector público, privado y social en el manejo sostenible de los bosques y áreas protegidas.
La ley define principios básicos como la regularización de la propiedad forestal, el manejo sostenible de los recursos naturales, la conservación de áreas protegidas y la participación de la población en la gestión de estos recursos. Además, establece objetivos específicos como la protección y mejora de las áreas forestales, la racionalización del aprovechamiento de productos forestales, y la promoción de la investigación científica aplicada. También se incluyen disposiciones para la creación de fondos destinados a la reinversión forestal y el manejo de áreas protegidas, así como incentivos para la forestación y reforestación.
La Ley también detalla la estructura organizativa del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que será responsable de la administración y manejo de los recursos forestales y áreas protegidas. Se establecen requisitos para los directores y subdirectores del ICF, así como las funciones y atribuciones del instituto. Además, se crea un sistema de investigación nacional para apoyar la gestión forestal y se define un régimen financiero para asegurar el financiamiento de los programas de conservación y desarrollo forestal. La ley también incluye medidas de protección y fomento, sanciones por delitos y faltas administrativas, y disposiciones transitorias para la transición de la administración forestal del estado al ICF.