La Ley General de Economía Circular establece un marco normativo integral para promover la transición hacia un modelo económico sostenible en México. Define principios, criterios y mecanismos para la circularidad de productos, materiales y residuos, con el objetivo de reducir impactos ambientales, prolongar la vida útil de los productos y fomentar la valorización de residuos. La Ley introduce la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la creación del Sistema Nacional de Economía Circular y la implementación de instrumentos económicos, distintivos y auditorías ambientales voluntarias. Asimismo, prevé la elaboración del Programa Nacional de Economía Circular, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de sectores productivos, sociales y académicos. Incluye disposiciones sobre educación, cultura ambiental, innovación tecnológica y cooperación internacional. La ley también reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, incorporando principios de circularidad en el aprovechamiento de recursos naturales y la gestión integral de residuos.