La NDC 3.0 del Perú representa la actualización más ambiciosa del país frente al cambio climático, alineándose con la Ley Marco sobre Cambio Climático (2018), la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (ENCC 2050) y el Acuerdo de París. El documento refleja un proceso participativo nacional ejecutado entre 2024 y 2025, involucrando gobiernos regionales y locales, pueblos indígenas, sociedad civil, academia y sector privado. Esta actualización se centra en reducir un 30 % los daños y pérdidas por peligros climáticos y alcanzar emisiones netas cero al 2050, consolidando un enfoque multisectorial que combina adaptación, mitigación, medios de implementación, gobernanza, transparencia y acción territorial. También incorpora por primera vez la gestión de pérdidas y daños, así como la importancia de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y la lucha contra la desertificación.
El diagnóstico nacional identifica al Perú como altamente vulnerable por su diversidad climática, ecosistémica y social: la Amazonía como reguladora hídrica continental, la Cordillera de los Andes con 68 % de glaciares tropicales del mundo, y un mar altamente productivo que sostiene actividades pesqueras clave. Los impactos observados incluyen lluvias extremas, retroceso glaciar acelerado (56 % desde 1962), sequías prolongadas, incendios forestales (1754 en 2024) y desastres como El Niño Costero 2017 y el Ciclón Yaku 2023, que han provocado daños en infraestructura, agricultura, salud pública, recursos hídricos y servicios básicos. Estas afectaciones han reducido productividad agrícola, comprometido infraestructura crítica, disparado enfermedades como el dengue e incrementado la vulnerabilidad de poblaciones rurales e indígenas. Paralelamente, avances institucionales como el RENAMI, la Huella de Carbono Perú, el Infocarbono, las ERCC y lineamientos para REDD+ fortalecen la infraestructura normativa para monitorear y gestionar acciones climáticas.
El componente de adaptación se estructura sobre nueve áreas temáticas: agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura, salud, turismo, transporte, desplazamiento interno forzado por efectos del clima y empleos verdes (estas dos últimas incorporadas en la NDC 3.0). Las medidas buscan proteger medios de vida, ecosistemas e infraestructura crítica mediante acciones como infraestructura hídrica resiliente, restauración de bosques y ecosistemas degradados, diversificación productiva, preparación sanitaria frente a enfermedades climáticas sensibles, adaptación del sector pesquero, planificación del territorio con enfoque de riesgo, y fortalecimiento del monitoreo y evaluación. El Perú estima un costo inicial de más de 66 mil millones de soles para implementar 51 medidas priorizadas del NAP y reconoce brechas en financiamiento, capacidades técnicas, información climática y coordinación multisectorial. Por ello, enfatiza la necesidad de financiamiento climático “adecuado, predecible y justo”.
En mitigación, la NDC 3.0 se alinea explícitamente con la descarbonización al 2050, detallando acciones en energía, transporte, agricultura, procesos industriales, residuos, economía forestal y uso de la tierra. Se busca que las emisiones no excedan las 179 MtCO2eq en el 2035, y se proyectan medidas como transición energética justa, expansión de energías renovables, transporte público integrado, economía circular, reducción de deforestación, aumento de remociones de GEI, gestión sostenible del territorio y fortalecimiento del mercado de carbono mediante el RENAMI y mecanismos bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. La NDC incluye además compromisos de transparencia reforzada en línea con el Marco de Transparencia del Acuerdo de París, con reportes como el Primer Informe Bienal de Transparencia (2024) y la Cuarta Comunicación Nacional (2025). En conjunto, la NDC 3.0 plantea una hoja de ruta integral que combina ciencia climática, participación social, planificación territorial, enfoque intercultural y de género, y articulación internacional para posicionar al Perú como un actor comprometido con la adaptación y la mitigación, además de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.