La presente Ley establece el marco jurídico para la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control y preservación de la cantidad y calidad de las aguas nacionales. La ley define el ámbito de las aguas nacionales y regula las competencias de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como de los organismos y mecanismos de gestión de cuenca encargados de la administración y manejo de los recursos hídricos.
La normativa dispone que el aprovechamiento de las aguas nacionales se realiza mediante títulos de concesión o asignación otorgados por la autoridad competente. Regula los requisitos, condiciones, duración, transmisión, suspensión, extinción y revocación de dichos derechos, así como los criterios de prelación entre distintos usos del agua. También prevé obligaciones relacionadas con la medición de volúmenes, el cumplimiento de estándares aplicables, el pago de derechos y la observancia de disposiciones para la protección y conservación del recurso hídrico.
La ley contiene disposiciones para prevenir y controlar la contaminación de las aguas mediante permisos de descarga de aguas residuales, estableciendo obligaciones y responsabilidades para quienes generan descargas. Asimismo, regula los mecanismos de inspección, vigilancia y sanción administrativa, así como aspectos vinculados a la infraestructura hidráulica, la administración de bienes asociados al agua y la participación de usuarios y organizaciones en la gestión de los recursos hídricos y la promoción de una cultura del agua.